El Ayuntamiento de LPGC podrá conceder ayudas sociales a inmigrantes en situación irregular
El área de Cohesión Social del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha fijado con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, un protocolo de actuación, en base a lo dispuesto en el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria, para que se permita que las personas migrantes en situación administrativa irregular puedan recibir ayudas económicas de emergencia social.
El Consistorio, que ha alcanzado un acuerdo tras las conversaciones mantenidas entre el edil Jacinto Ortega, y la delegada especial de la Agencia Tributaria en Canarias, Carmen Guillén Prieto, solicitará a Hacienda que facilite un número de identificación fiscal (NIF) a las personas extranjeras en situación administrativa irregular, ya que si no disponen de ese documento, la norma tributaria impide que se pueda hacer efectivo el pago de las ayudas económicas municipales para situaciones de especial necesidad.
Ortega ha afirmado que “este acuerdo pionero en la islas al que hemos llegado con la Agencia Tributaria, nos permitirá poder atender la demanda de estas personas, que nos solicitan ayudas de emergencia social para cubrir sus necesidades básicas y que tienen todo el derecho a recibirlas tal como recoge la ley”.
El Consistorio ha recibido a lo largo del año más de una treintena de solicitudes de ayudas de emergencia social por parte de personas inmigrantes en situación administrativa irregular.
Cohesión Social ha instado a la Agencia Tributaria a que aplique lo que que establece el artículo 19 del Real Decreto 1065/2007, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones de gestión e inspección tributaria, que dispone que “en el caso de que lo soliciten, la administración tributaria podrá proceder de oficio a darles de alta en el Censo de Obligados Tributarios y asignarles el número de identificación fiscal que corresponda”.
La asignación del número de identificación fiscal que propone el Consistorio, que es únicamente a efectos de que se puedan asignar las ayudas concedidas, no implicará alteración alguna en el régimen previsto en la Ley Orgánica en materia de estancia y residencia de las personas extranjeras en España.
El Consistorio también propone la creación de un protocolo de actuación automatizado a semejanza de los existentes actualmente para el intercambio de información, y hasta tanto se fija dicho protocolo, plantea dar trámite a las solicitudes de prestaciones económicas pendientes.
El acuerdo entre ambas administraciones, una vez rubricado, ya ha entrado en funcionamiento para que las personas migrantes puedan acceder a las ayudas económicas municipales.
La Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, establece en su artículo 14.3 que “los extranjeros, cualquiera que sea su situación administrativa, tienen derecho a los servicios y prestaciones sociales básicas”.