Las dos enmiendas a la totalidad fueron rechazadas por el 80% de la Cámara
La tramitación de la Ley del Suelo sigue su curso en el Parlamento de Canarias
La consejera de Política Territorial señaló en su intervención que esta iniciativa está más que justificada dado que el vigente procedimiento de toma de decisiones en materia de ordenación del territorio no ofrece actualmente soluciones a los problemas que se suscitan en esta materia, por lo que se hace necesaria la formulación de una nueva ley, que unifique y revise el actual marco normativo
A modo de ejemplo que demuestra el actual caos normativo que aqueja a los ciudadanos de Canarias y sus administraciones públicas, Nieves Lady Barreto afirmó que "de los 88 municipios canarios, 31 ni siquiera han iniciado su adaptación al Texto Refundido del año 2000; 28 ayuntamientos han iniciado la adaptación pero no han logrado concluir, y de los 29 planes generales aprobados, siete han sido suspendidos o anulados por los tribunales. A esto hay que añadir que el plazo medio de aprobación de planes en Canarias es de 12 años". "Ante esta caótica situación", agregó la consejera, "se plantea una disyuntiva: actuar o dejar las cosas como están, "lo supondría una gran irresponsabilidad", por lo que "el Gobierno ha decidido actuar y generar las reformas necesarias para dar solución a problemas reales".
Sobre los principios rectores que inspiran el proyecto normativo, Nieves lady Barreto destacó "el respeto a los Espacios Naturales Protegidos; la primacía del Principio de lo Rústico, pues se suprime el criterio de la Ley 6/1998 de liberalización del suelo por el que no se facilita la clasificación de nuevo suelo urbanizable; el principio de Desarrollo Sostenible, que conjugue el respeto de nuestro entorno y el desarrollo de nuestra sociedad; el principio de compensar por conservar; el claro reparto competencial entre las administraciones, y simplificar, racionalizar y dar claridad a la ordenación de nuestro territorio".
El texto, en palabras de la consejera, ha ido modificándose y mejorando a lo largo de los últimos meses con las aportaciones de colectivos, entidades, instituciones, asociaciones y ciudadanos, y que ahora entra en un proceso de debate en el Parlamento canario cuyo resultado debe ser "la mejor Ley del Suelo para Canarias".
Enmiendas a la totalidad
Nueva Canarias y Podemos presentaron sendas enmiendas a la totalidad de la Ley para que fuera retirada y se iniciara un nuevo proceso de estudio y debate. Ambas enmiendas fueron rechazadas por 47 de los 59 representantes reunidos en el Pleno del Parlamento de Canarias.
Para Podemos, a través de su portavoz, Noemí Santana, el nuevo texto es una apuesta por un urbanismo de proyectos empresariales. Según el análisis que hacen de esta Ley, se permitirá construir en suelo rústico y amenaza a los espacios naturales protegidos de Canarias.
En términos similares se expresó el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, quien reconoció aspectos positivos en la Ley, como la unificación de las normas previas, pero "pesan más sus aspectos negativos", indicó. Ambos partidos coincidieron en critica la falta de participación en la elaboración de la ley, al contrario de lo defendido por la consejera.
Cuatro grupos parlamentarios, a favor de continuar el debate de la Ley
El Grupo Nacionalista Canario (CC - PNC), el Grupo Socialista Canario (PSOE), el Grupo Popular (PP) y el Grupo Mixto (ASG) se mostraron a favor de continuar el trámite y votaron en contra de las enmiendas a la totalidad presentadas por Podemos y Nueva Canarias. En total, 47 diputados frente a los 12 que apoyaron las enmiendas.
Casimiro Curbelo criticó a Nueva Canarias y Podemos por no hacer un diagnóstico de la realidad canaria. Anunció su grupo, ASG, votaría en contra de las enmiendas a la totalidad porque "da salida a esa maraña administrativa que lastra el desarrollo", y defendió a los cabildos y ayuntamientos como administraciones maduras y responsables. Para finalizar su intervención, el también presidente del Cabildo de La Gomera pidió a los grupos generosidad y voluntad para sacar adelante esta Ley, "la más importante en los próximos treinta años".
El Partido Popular, por su parte, destacó la importancia de la Ley del Suelo, porque "fija el futuro y la ordenación de nuestro territorio", buscando el equilibrio entre desarrollo económico sostenible y racional y el futuro de Canarias. Jorge Blanco dijo reconocer y respetar la autonomía de los ayuntamientos y criticó que se los criminalizara por parte de los grupos enmendantes. Por último, avisó al presidente del Gobierno de que el sentido de su voto cambiaría si no se elimina la COTMAC.
Nayra Alemán, portavoz del Grupo Socialista Canario, se mostró a favor del debate de la Ley, "no cerrando las puertas al consenso por motivos de forma que podamos reconducir". Para el PSOE, la Ley quiere sustituir la discrecionalidad por seguridad jurídica y transparencia, haciendo compatible la protección del territorio con el desarrollo económico sostenible. Al contrario que el Partido Popular, los socialistas defienden que el órgano de evaluación medioambiental siga en manos de la Comunidad Autónoma.
Para Coalición Canaria, esta Ley no es del Gobierno de Canarias, sino de todos los que participaron en su momento de la elaboración y debate. A las críticas de liberalización del suelo, los nacionalistas opusieron "la realidad, no facilita la clasificación de nuevo suelo urbanizable, todo lo contrario, impone la obligación de revisar si se debe mantener o volver a suelo rústico".
Sin embargo, "la protección de nuestro territorio debe ser compatible con el progreso de los ciudadanos", por ello la Ley facilita la actividad en los suelos aptos manteniendo la protección, y se reconoce la posibilidad de realizar actividades para el sector primario asociadas al uso principal. "Es importante vivir en el campo y vivir del campo, por eso es necesaria una renta complementaria que no es residencial", concluyó Ruano.
Tras el rechazo de las enmiendas a la totalidad comienza el plazo para la presentación de enmiendas, que concluirá el próximo 30 de diciembre, y se habilitará el mes de enero para su tramitación.