El anuncio indica que el proyecto, valorado en más de 390 millones de euros, está sujeto a evaluación de impacto ambiental ordinaria, y establece un período de treinta días para que cualquier persona pueda examinar el expediente en la oficina de la Consejería, en Las Palmas de Gran Canaria, en los ayuntamientos de Mogán o San Bartolomé de Tirajana, o en el Cabildo de Gran Canaria.

La central, que fue valorado en 2011 en alrededor 200 millones de euros, casi se ha duplicado tras las modificaciones introducidas en el proyecto inicial por el Cabildo de Gran Canaria en este último mandato, lo que también ha retrasado la tramitación del mismo, que prácticamente vuelve a la casilla de salida: la declaración de impacto ambiental. El plazo de ejecución, sin embargo, se mantienen en casi 5 años y medio.